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La sentencia Eky de 1960: un hito del derecho administrativo francés

El 12 de febrero de 1960, el Consejo de Estado resuelve dos recursos de la sociedad Eky, que impugna unas infracciones creadas por decreto por el uso…

Livre de droit administratif ouvert avec annotations manuscrites sur un bureau en bois dans un cabinet notarial français, illustrant l'arrêt Eky de 1960

El 12 de febrero de 1960, el Consejo de Estado se pronunció sobre dos recursos de la sociedad Eky, que impugnaba unas infracciones creadas por decreto por el uso de medios de pago falsos. La decisión dictada por la Sección de lo Contencioso planteó dos cuestiones distintas: ¿vincula a la Administración el Preámbulo de la Constitución de 1958?

Y, sobre todo, ¿quién fija las penas por infracciones: el legislador o la potestad reglamentaria? La respuesta del Consejo de Estado resuelve ambas cuestiones, pero no en el sentido que suele recordarse.

Reparto de competencias entre la ley y el reglamento en materia penal: lo que realmente resuelve la sentencia Eky

La interpretación habitual de la sentencia destaca el reconocimiento del valor jurídico del Preámbulo. Esta interpretación es correcta, pero deja de lado el razonamiento central de la decisión. El Consejo de Estado aplica los artículos 34 y 37 de la Constitución para determinar si la creación de infracciones corresponde al ámbito legislativo o a la potestad reglamentaria.

El resultado es claro: las infracciones corresponden a la potestad reglamentaria, y se considera que el artículo 4 del antiguo Código Penal, que reservaba a la ley la fijación de sus penas, quedó derogado por el nuevo reparto constitucional de competencias. Así, el Consejo de Estado confirma la validez del decreto impugnado.

Esta solución genera una tensión con el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que proclama que nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley.

Al admitir que el poder ejecutivo cree infracciones por vía reglamentaria, el Consejo de Estado acepta una excepción al principio de legalidad penal tal como se formuló en 1789. El análisis en profundidad de la sentencia de la sociedad Eky de 1960 revela que la decisión establece, ante todo, la frontera entre el ámbito legislativo y la potestad reglamentaria.

Magistrado francés con toga negra en el pasillo del Consejo de Estado en París, en alusión a la jurisprudencia de la sentencia Eky y al derecho administrativo

Preámbulo de la Constitución de 1958: el Consejo de Estado reconoce su valor jurídico

La segunda aportación de la decisión se refiere al estatuto del Preámbulo. Antes de 1960, persistía la incertidumbre sobre su fuerza vinculante. Algunos juristas lo consideraban un texto declarativo, sin efecto directo sobre los actos de la Administración.

Al contrastar el decreto impugnado con el artículo 8 de la Declaración de 1789, el Consejo de Estado reconoce que los textos a los que remite el Preámbulo constituyen normas jurídicas oponibles a la Administración. El Preámbulo de 1958 remite a la Declaración de 1789 y al Preámbulo de la Constitución de 1946: estos textos forman parte del bloque de legalidad cuyo cumplimiento controla el juez administrativo.

El alcance de este reconocimiento se limita al control de los actos administrativos. El Consejo de Estado no controla la constitucionalidad de las leyes. La distinción es fundamental: un decreto puede anularse por vulnerar el Preámbulo, pero no una ley aprobada por el Parlamento.

Ordenanzas del período transitorio: un límite al recurso por exceso de poder

La sociedad Eky también impugnaba el artículo 136 del Código Penal, procedente de una ordenanza del 23 de diciembre de 1958. En este punto, el Consejo de Estado se niega a examinar el recurso. La ordenanza se había dictado al amparo del artículo 92 de la Constitución, durante el período transitorio entre la IV y la V República.

El juez administrativo considera que esta ordenanza se adoptó en ejercicio de la potestad legislativa y, por tanto, no constituye un acto administrativo susceptible de recurso por exceso de poder. Esta solución traza una frontera clara: el Consejo de Estado controla los decretos, pero no los actos de naturaleza legislativa, aunque emanen del Gobierno.

Comparación de los dos recursos acumulados

Recurso Texto impugnado Fundamento jurídico Decisión del Consejo de Estado
n.º 46922 Decreto del 23 de diciembre de 1958 (artículos R 30, R 31, R 32, R 33 del Código Penal) Artículos 34 y 37 de la Constitución, artículo 8 de la DDHC Desestimación en cuanto al fondo: el decreto no vulnera las disposiciones invocadas
n.º 46923 Artículo 136 del Código Penal (ordenanza del 23 de diciembre de 1958) Artículo 92 de la Constitución Inadmisibilidad: acto de naturaleza legislativa, no cabe recurso por exceso de poder

Esta tabla pone de manifiesto la dualidad de la decisión. El Consejo de Estado acepta controlar un acto reglamentario a la luz de normas constitucionales, pero se niega a conocer de un acto legislativo.

Sentencia Eky y bloque de constitucionalidad: alcance y evolución en el derecho administrativo

La sentencia Eky se sitúa en una encrucijada del derecho público francés. Su alcance debe valorarse teniendo en cuenta tanto lo que hace como lo que no hace.

Lo que hace:

  • El Preámbulo de 1958 pasa a ser oponible a los actos administrativos, lo que enriquece el bloque de legalidad que aplica el juez administrativo al controlar decretos y órdenes
  • El reparto de competencias entre la ley y el reglamento establecido por los artículos 34 y 37 de la Constitución se aplica directamente en materia penal, incluso para derogar disposiciones anteriores incompatibles
  • Las ordenanzas dictadas en ejercicio de la potestad legislativa quedan fuera del control del juez administrativo mediante el recurso por exceso de poder

Lo que no hace: Eky no permite al juez administrativo comprobar la conformidad de una ley con la Constitución. Esta competencia es ajena al Consejo de Estado. En 1971, el Consejo Constitucional se apoyó en el Preámbulo para reconocer la libertad de asociación como principio de valor constitucional, ampliando el control de constitucionalidad de las leyes. Se trata de dos vías distintas.

Del mismo modo, la cuestión de la compatibilidad de una ley con un tratado internacional sigue un camino separado. En 1989, en la sentencia Nicolo, el Consejo de Estado aceptó comprobar dicha compatibilidad incluso cuando la ley era posterior al tratado. Se trata de un control de convencionalidad, que no debe confundirse con el control de constitucionalidad ilustrado por Eky.

Diario Oficial de la República Francesa de los años 60 sobre una mesa de un café parisino junto a unas gafas vintage, en referencia a la sentencia Eky y al derecho público

La tensión entre la protección de los derechos fundamentales y la organización de las competencias normativas sigue siendo el hilo conductor de la decisión. El Consejo de Estado reconoce la Declaración de 1789 como norma de referencia, pero valida una excepción al principio de legalidad penal que esta proclama. La sentencia protege menos los derechos fundamentales que lo que organiza la frontera entre la ley y el reglamento. Esta interpretación explica por qué la decisión sigue siendo un punto de partida, y no un punto de llegada, en la construcción del derecho administrativo francés.

La sentencia Eky de 1960: un hito del derecho administrativo francés